Todos responsables. Todos omisos. Todos cómplices. Presidentes y secretarios de Estado y diputados y senadores. Responsables de permitir que los bienes concesionados del país -como el espectro radioeléctrico- hayan quedado en manos de unos cuantos. Responsables de permitir que, desde la pantalla, dos conglomerados manipulen y tergiversen y distorsionen la realidad nacional. Responsables de que Televisa y TV Azteca hayan obtenido y sigan desplegando el poder de intimidar. El poder para someter a representantes legítimos, capturar a instituciones académicas, desaparecer del lente todo aquello que contravenga a sus intereses. Recortar las conciencias para que se ajusten al tamaño de la pantalla.

Una realidad dolorosa descrita por Purificación Carpinteyro en el libro El fin de los medios. Historia personal de la guerra en las telecomunicaciones. Una realidad que se construye en los cincuenta, se agrava en el sexenio de Carlos Salinas, se institucionaliza en el sexenio de Vicente Fox y se trata de remediar ahora con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El poder que las televisoras van acumulando y utilizando. El chantaje creciente que la clase política se ve dispuesta a aceptar. Los esfuerzos -inconclusos- para tratar de regular, contener, domesticar. Someter a las televisoras a la ley en lugar de permitir que se coloquen por encima de ella.

Los últimos tres sexenios han estado llenos de promesas presidenciales incumplidas. 18 años en los que el gobierno mexicano no ha logrado deshacerse de los lastres de un sector crucial, que podría crecer si no hubiera un duopolio estrangulándolo. 18 años de una autoridad regulatoria -la Cofetel- débil o capturada, que no pudo impulsar el apagón analógico o licitar siquiera una tercera cadena de televisión o abrir más de dos hilos de la red de fibra óptica de la CFE para construir una supercarretera de la información, capaz de competir con Telmex. 18 años de obstaculizar la competencia en lugar de fomentarla, rendirse ante las televisoras en vez de elaborar nuevas leyes para obligarlas a actuar como concesionarios y no como "el gran elector".

Y de pronto, la sacudida de #YoSoy132. La demanda de la democratización de los medios. El señalamiento a Televisa y a TV Azteca como poderes manipuladores y tendenciosos. La denuncia de la llegada de una "telebancada" al Congreso, conformada por dieciocho "telelegisladores". Y de allí el impulso con el cual algunas fuerzas políticas -principalmente el PRD- acogieron la encomienda de reformar la ley. Encarar la tarea pendiente. Confrontar a los poderes fácticos como parte del espíritu fundacional del "Pacto por México". Y llegar al acuerdo para reestructurar los cimientos de un andamiaje mediático que ha sido rentista. Extractor. Inmune a la competencia. Razón central detrás de nuestra democracia disfuncional.

Las reformas suponen que el país recuperará el dominio sobre bienes concesionados. Que quienes los explotan estarán sujetos a normas y no podrán simplemente actuar a su libre albedrío. Que el Ejecutivo no será capaz de otorgar concesiones a sus cuates como solía hacerlo a través de personajes como Emilio Gamboa. Que las agencias reguladoras -como el nuevo Ifetel- tendrán suficiente fuerza para asegurar que sus resoluciones se cumplan. Que podrán imponer multas cuantiosas a quienes incumplan con los términos de su concesión. Que prevalecerá el interés público por encima de los intereses de Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas Pliego.

Pero eso no significa que la guerra esté ganada. Al contrario, las televisoras se aprestan a diluir, vetar, demandar y usar cualquier arsenal a su alcance para impedir que la reforma los toque. Ya lograron que pasara la fecha para elaborar la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y que no ocurriera nada. Ya lograron demandar a los nuevos miembros del Ifetel. Ya están tratando de impedir la instrumentación del "must carry, must offer", que las obligaría a compartir sus canales abiertos con las cableras. Y aunque el nuevo Ifetel cuenta con la capacidad de multar, licitar, declarar preponderancia y regular la interconexión, su papel está limitado por la inexistencia de nuevas reglas que el Congreso debió crear pero no lo ha hecho aún.

Porque los diputados han estado demasiado ocupados repartiendo el pastel petrolero y hacendario. Porque no se han dado cuenta de que esta es la guerra correcta, en el lugar correcto, contra el enemigo correcto. Y en lugar de pelearla, se están preguntando cómo declarar la tregua antes de que empiece la balacera.

Por Denise Dresser, Periódico Reforma, 6 de Enero del 2013